Dictaduras militares en los años 60 y 70 en América Latina.

La Doctrina de la Seguridad Nacional es una teoría militar cuya aplicación supone la intervención constante y sistemática de las Fuerzas Armadas en la vida política. Al asumirse como los últimos garantes del orden constitucional, los militares se convierten en los árbitros de la situación y son los que deciden, unilateralmente, el momento más adecuado y las formas de su actuación. Por ello, en la lucha contra la guerrilla, y ante el grave peligro que la subversión supone para la Patria, cualquier método es válido, aunque se recurra a actuaciones ilegales. La norma será entonces la actuación de grupos paramilitares o parapoliciales, el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas, en definitiva, el terrorismo de Estado y la violación sistemática de los derechos humanos.
En las décadas de los 60 y los 70, los golpes militares se hicieron algo corriente. Pero ya no era un general, o un coronel, el que con apoyo de sus compañeros se lanzaba a la conquista del poder, sino la corporación militar en pleno la que intervenía en la vida política. Esta situación se vio facilitada por el surgimiento de una conciencia corporativa entre la oficialidad, la creciente burocratización de los ejércitos y una mayor participación en la vida económica. Pero el intervencionismo militar no era un fenómeno autónomo, sino que era fomentado desde la sociedad civil, dada la incapacidad de los partidos y del propio sistema para resolver determinadas cuestiones políticas. Si bien algunos golpes fueron impulsados desde Washington, lo más normal era que los golpistas buscaran el visto bueno de la embajada norteamericana antes de quebrar el orden institucional, algo más frecuente que la participación abierta del Departamento de Estado. Por este camino se esperaba obtener una mayor legitimidad y el rápido reconocimiento internacional.
Los regímenes militares surgidos a partir de la segunda mitad de la década del 60 fueron conocidos como burocráticos-autoritarios. El Estado, controlado por los militares, buscaba completar la industrialización del país y la administración se dejaba en manos de tecnócratas. La alianza entre los militares y el poder económico, junto con las corporaciones transnacionales, fue decisiva y los militares pasaron a ocupar puestos clave en las empresas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional.

En el golpe militar que derrocó al presidente brasileño Joáo Goulart en 1964, la participación norteamericana fue más activa que en el caso anterior, pero los militares brasileños inauguraron un nuevo tipo de intervención. El Estado Mayor brasileño había diseñado con anterioridad al golpe un plan coherente para la gestión gubernamental y el desarrollo económico. La lucha preventiva contra las guerras revolucionarias, guerras internas de gran peligrosidad según los propios militares, se convirtió a partir de este momento en uno de los principales móviles de las intervenciones militares. El ejército brasileño fue uno de los primeros en desarrollar el concepto de guerra revolucionaria, vinculado con el peligro de expansión marxista leninista en todo el mundo y especialmente en el hemisferio occidental. De este modo se abrían las puertas a la intervención sistemática de las Fuerzas Armadas en la represión de los movimientos insurgentes y de los partidos de izquierda en general.